El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado la demanda presentada por el PACMA (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal) que pedía la suspensión cautelar de la Orden Anual de Caza y el Decreto del Lobo. La Federación de Castilla y León, que se presentó como codemandada en el Contencioso con la Junta de Castilla y León para defender la legalidad de estas normas, se opuso a la suspensión de la caza.
En nota de prensa, La Federación explica lo siguiente:
En un paso más en la línea iniciada hace años y que parece seguir una estrategia perfectamente definida de paralizar cualquier norma que regule la actividad cinegética, en este caso el PACMA (en otros ha sido o será Ecologistas en Acción, Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, etc, todos los mismos grupos interrelacionados), presentó recurso contra la Orden Anual de Caza y el Decreto que regula los cupos de captura del Lobo.
Estas disposiciones normativas regulan, entre otras cuestiones, el aprovechamiento de las especies renovables establecido en la Ley y, como consecuencia, el debido control de daños a la agricultura y a la cabaña ganadera que producen las especies cinegéticas. No conocemos aún a ningún paladín de estas causa de la animalidad mal entendida, que haya contribuido de forma particular a reparar con su propio patrimonio a agricultores y ganaderos, por los daños que provocan las especies.
Los científicos acreditados, serios y no radicalizados, aunque sí ecologistas, reconocen de forma unánime que la caza es una actividad necesaria para el debido control de las especies y un recurso perfectamente aprovechable. Si no hubiese cazadores la sociedad tendría que pagar a través del presupuesto público esa labor que realiza el cazador, que lo hace, además, contribuyendo a la hacienda pública con las elevadas tasas que la caza soporta.
Ante esta campaña, fácilmente reconocible en lo social y ya acreditada de forma reiterada en la vía jurídica, la Federación ha iniciado de forma propia, e impulsada en las distintas organizaciones en que se integra (ONC, FACE…), una línea de actuación por la que no va a consentir que, bajo la protección de la bandera del ecologismo y la conservación, se trate sistemáticamente de poner en entredicho a la caza.
Además de defendernos donde corresponda, como en este caso ante la Justicia, vamos a empezar a preguntar y requerir de las Administraciones las explicaciones a las que tenemos derecho como contribuyentes que somos, participando además de forma singular con nuestras tasas en la conservación del Medio, qué ayudas públicas, para qué concepto y con qué finalidad se destinan a estos grupos, que en algunos casos son financiados desde la propia Administración por políticos que compran silencios de colectivos que con la misma facilidad se tornan provocadores y casi antisociales.
Esta misma forma de actuar se ha impuesto ya, y continuará en el futuro, en relación a las manifestaciones públicas, fundamentalmente en redes sociales, en las que se trasmite euforia, deseo de muerte y otras del mismo o similar tenor cuando se producen accidentes o se daña un cazador, o simplemente cuando se muestran fotografías de práctica cinegética. Se ha acabado esta impunidad en el uso de una supuesta libertad de expresión que atenta directamente contra la propia dignidad de las personas. Automáticamente a la fiscalía y/o querella por injurias y calumnias.
Es hora de que la sociedad se plante ante la provocación sistemática y empiece a primar el sentido común. Todo el mundo puede defender sus ideas desde el respeto a los demás, y los cazadores eso lo respetamos. Como no sentimos esa misma reciprocidad, en vez de defendernos como hemos hecho hasta ahora vamos a reclamar también a los demás el escrupuloso cumplimiento de la Ley y el respeto de la legalidad vigente.
Por esta situación, sobrevenida a lo largo de los años, la caza está en entredicho. Esta resolución judicial no es más que un respiro en un proceso global que aún está pendiente de varias sentencias. Ya lo han intentado e incluso conseguido en parte en varias comunidades (Castilla la Mancha, Canarias, etc) y a nivel nacional con la sentencia del Tribunal Supremo que consideró especies invasoras a varias que llevan conviviendo con nosotros incluso algunas desde los romanos. La cosa es muy seria porque no sólo se ha dañado a la caza y a la pesca, sino que se ha jugado con el futuro de muchas familias que viven del aprovechamiento de algunas de ellas (cangrejos de río, etc).
Para defender nuestro deporte, los cazadores necesitamos unirnos en una sola voz y para ello pedimos a todos los practicantes y simpatizantes de la caza que se integren en la única entidad que hoy en día nos representa y defiende la caza.