Una denuncia interpuesta por guardas rurales y varios anuncios en internet que ofrecen cacerías desde 800 euros son los dos puntos de partida de una investigación iniciada por la Guardia Civil en Asturias para desentrañar una presunta trama de turismo para furtivos, que podría tener conexiones en otras autonomías.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han contactado ya con los cotos de Cudillero, Salas, Pravia y Mieres y también con la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado para comenzar a recabar datos. Además, han tomado declaración a algunos implicados en una posible batida ilegal ocurrida en el coto de Cudillero hace algo más de dos semanas. Las pesquisas están en una fase inicial y todavía podrían durar varios meses antes de que comiencen a fructificar.
Esta presunta trama vinculada a Asturias guarda algunas similitudes con otros casos investigados por la Guardia Civil tanto en León como en Cantabria. El año pasado en León se identificó a una red que vendía permisos y que cometía un delito doble. Por una parte, comercializaba una licencia que es personal e intransferible y, además, lo compartían hasta tres personas a la vez. En Cantabria, los manejos eran más similares a lo que se ha detectado en el Principado, con partidas ilegales organizadas de por medio.
Los hilos de la investigación
El primero de los hilos del que está tirando el Seprona son unos anunciados colgados en internet que ofrecen cacerías de rebecos en cotos asturianos desde 800 euros. El precio fue lo primero que llamó la atención de los agentes. Una expedición completamente legal ronda los 2.000 euros. Al principio, pensaron que era una estafa, que se pedía ese dinero y que después la empresa organizadora se evaporaba. Pero las primeras pesquisas les demostraron que estaban equivocados y que había algo ilegal y más concreto detrás. Los reclamos estaban colgados desde Madrid. Tratan de averiguar quién organiza esos viajes de caza ilegales y con qué apoyos reales cuenta en Asturias.
La segunda pista surgió a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) y la Asociación de Guardas de Caza del Principado de Asturias (Asguca) por un posible caso de furtivismo en el monte Santa Ana, el sábado 23 de abril, en el que un desconocido abatió una cría de corzo de 10 kilos de peso y, aproximadamente, un año, con un disparo de rifle, posiblemente de calibre 300, que le alcanzó en un costado. El dispositivo de vigilancia posterior permitió identificar a un vecino de la zona que iba a recoger la pieza para entregársela al cazador, que ya no estaba sobre el terreno. Ambos colectivos denunciaron la proliferación de las prácticas ilegales y presentaron pruebas para demostrarlo.
Los agentes de la Guardia Civil están siguiendo diversas líneas de investigación. Han entrado en contacto con la Consejería de Agroganadería, que tenía algunos indicios de que podría haber tramas organizadas operando en la región. Han iniciado una ronda de contactos con las sociedades que gestionan los cotos, aunque por el momento todas dicen no saber nada. Su objetivo es animarles a colaborar ya que, si se están cometiendo algunos delitos en sus territorios, pueden derivarse algunas responsabilidades. En paralelo, han comenzado una ardua labor administrativa, que consiste en cotejar el número de presas abatidas con el número de piezas de carne comercializadas en el mercado y ver si ambas coinciden. Temen, no obstante, que las cacerías sean ilegales pero que los organizadores cuenten con la cobertura de algún cazador con licencia que las haga pasar por suyas.
El Seprona trabaja, además, con dos hipótesis diferentes con respecto a los cazadores furtivos. Algunos son conscientes de que los precios que les piden están muy por debajo del precio de mercado y de que, por tanto, se trata de una red sin soporte legal. No obstante, puede que otros sean culpables por cazar sin las licencias necesarias pero también víctimas de una estafa, al pensar que se trata de una actividad que cuenta con todos los permisos en regla.
Fuentes consultadas por ASTURIAS24 confían en que la investigación se consolide con la colaboración de todas las partes implicadas, tanto la administración como los cotos y los guardas rurales, que son los que realizan el trabajo de campo.