El Gobierno valenciano tiene previsto aprobar en las próximas semanas la nueva Ley de Agentes Medioambientales, un compromiso suscrito en el 'Acord del Botànic' que permitirá otorgar más autoridad a la guardería forestal con el fin de estrechar la lucha contra los delitos ecológicos y mejorar la organización del trabajo y los medios de los 240 funcionarios que dependen de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
El texto de este proyecto normativo ya ha recibido el respaldo unánime de los principales afectados, a través de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunitat (Apamcv), que lo votaron en asamblea general hace unos días y que aplauden «totalmente» la medida.
El anuncio lo hizo ayer el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro, en el transcurso de la inauguración del segundo Congreso Forestal de la Comunitat Valenciana sobre gestión, conservación y puesta en valor de los servicios ambientales del monte mediterráneo que se celebra en Segorbe estos días. Además, la propuesta, que emana del 'Acord del Botànic' por el que se constituyó el Gobierno valenciano tripartito con el apoyo en la sombra de Podemos, también fue anunciado recientemente en una jornada ecológica celebrada en Morella por el president Ximo Puig.
«Esta ley tiene como objetivo reforzar la autoridad y dar valor a las importantes funciones de un colectivo humano fundamental para que todas las próximas regulaciones normativas sobre medio ambiente que tenemos en marcha se puedan convertir en verdaderas herramientas útiles en favor del entorno y el patrimonio natural, para que se conserve, incremente y ofrezca incluso oportunidades sostenibles de mejora socioeconómica del mundo rural», explica Álvaro.
El secretario autonómico enumera todo un compendio normativo nuevo e inminente. Además de la ley de agentes medioambientales, se refiere a la actualización de la Ley Forestal Valenciana del año 1993, la Ley de Espacios Naturales Protegidos, sobre espacios municipales, la Ley de Impacto Ambiental y el reglamento de la Ley de Caza. En este último caso, no se descarta, incluso, la reducción de jornadas y horarios en la orden de vedas, que fija el calendario para caza menor, mayor en otoño e invierno y de media veda en verano.
Julià Álvaro muestra su descontento con los «abusos cometidos durante los últimos años en la forma de explotar y ocupar el medio natural coincidiendo con el auge urbanizador y con ello el desorden territorial y la extracción a gran escasa de biomasa forestal».
Organización y medios
El colectivo que agrupa a los 240 agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana valoró ayer de forma muy positiva el anuncio ya en firme de la Conselleria para la nueva norma. La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunitat (Apamcv) se muestra «muy esperanzada con esta promesa de la Coselleria, del Consell y del president Puig, si sale adelante será un paso de gigante para un colectivo que adolece de muchas carencias en organización, medios materiales, uniformidad y personal», asegura el colectivo que preside Santano Álvarez Moya.
«Creemos que se puede recuperar el tiempo perdido, al reforzar el carácter de agentes de la autoridad, al unificar criterios de actuación en las tres provincias, como la elaboración de estadística, apuesta decidida por las especialidades más actuales y otros asuntos de interés; en una palabra, supondrá la modernización del colectivo para adaptarlo a los nuevos tiempos tan necesarios para la conservación del medio natural», asegura Apamcv.
Y citan a las comunidades de Madrid y Cataluña, que ya tienen una Ley del Cuerpo de Medio Ambiente y disponen de escala de mandos, grupos especializados en investigación de delitos como colocación de venenos, fauna y flora protegida, así como caza y furtivismo. «Esperamos que la promesa pueda convertirse en realidad lo antes posible y que se apruebe la ley en el Consell y en Les Corts», añade el colectivo. Apamcv ha debatido internamente el borrador de la ley y ahora aguarda su tramitación parlamentaria.