Los guardas de caza han denunciado ante el Principado las irregularidades en materia de vigilancia y de gestión de personal que está cometiendo, al menos, una docena de cotos. Entre las ilegalidades detectadas, destaca la contratación de menos profesionales de lo que marca la ley, ofertas de empleo fraudulentas o contratos que incumplen las condiciones mínimas.
Este tipo de comportamientos perjudican a los profesionales y dan alas a los cazadores furtivos. Por esa razón, reclaman la intervención del Gobierno regional, para que premie a los que están haciendo las cosas bien, castigue a los infractores y extreme los controles de las reservas cinegéticas. Así lo ha explicado el presidente de la asociación profesional Asguca, Isaac Díaz, tras reunirse con el director general de Recursos Naturales, Manuel Calvo, al que ha encontrado «muy receptivo», tras años de «una cierta permisividad». Ya lo habían contado en público. Ahora lo hacen ante las autoridades competentes.
Al margen de la actuación de los cotos, durante la reunión se han abordado otros problemas complementarios. Los guardas han expuesto las dudas diarias que se encuentran a la hora de calcular daños, las lagunas legales que rodean a su profesión y que muchas veces ponen cortapisas a sus actuaciones o la necesidad de mejorar la coordinación con la guardería y con otros cuerpos como la Guardia Civil.
El encuentro no solo ha servido para poner sobre la mesa los problemas. Los guardas han aportado posibles soluciones. Este colectivo está contratado directamente por las sociedades que gestionan los cotos y tienen consideración de seguridad privada. Isaac Calvo explica que en estas condiciones es muy complicado denuncian las irregularidades o ilegalidades que se cometen en las reservas cinegéticas, ya que están denunciando a sus propios jefes. Por esa razón, propone al Principado modificar la legislación para cambiar la forma de contratación. El presidente de Asguca baraja la posibilidad de que sean otros organismos los que se hagan cargo de la gestión de personal y de los pagos. También ha comentado al director general las dificultades económicas que soportan muchas sociedades por la falta de ayudas y por la escasez de colaboradores que paguen ficha. Esa falta de recursos les empuja ha bordear en muchas ocasiones la normativa.
Los infractores
Isaac Díaz ha dejado claro que el problema está centrado una docena de reservas cinegéticas y que no pretenden criminalizar al resto, ya que la gran mayoría está realizando bien su trabajo. De hecho, la denuncia se circunscribe a 12 de todos los existentes en Asturias. Son los que tienen menos personal del que dicta su superficie -al menos uno por cada 8.000 hectáreas-, los que firman jornadas a tiempo parcial, los que sacan ofertas de empleo tan enrevesadas que es imposible cumplir el perfil, los que solo cuentas con vigilancia entre septiembre y febrero, en la época del jabalí, en lugar de todo el año... El colectivo se ha encontrado con todo tipo de dificultades. «Es importante que se ayude a los que están asfixiados y no llegan a todo pero también que se castigue a los caraduras», ha insistido.
Al margen de reclamar al Principado que abra una investigación y de que se modifique la contratación de los propios guardas, también han presentado otra serie de peticiones complementarias. La primera es que se modifique el baremo de daños para ajustarlo a la realidad y también el reglamento de caza.