El Gobierno de Aragón prohibirá la venta directa al consumidor de productos silvestres forestales de alimentación, tales como las setas, las trufas, la carne de caza o los frutos del bosque, según el anteproyecto de ley de venta directa de productos agroalimentarios de Aragón, que salió hace un mes a información pública y a la que ya han mostrado su oposición, entre otros, el Colegio de Ingenieros de Montes y la comarca de Sobrarbe.
El colectivo profesional ha solicitado a la DGA que dé marcha atrás. En sus alegaciones alude a que todas las normativas, tanto de derecho comunitario como nacional y de otras comunidades autónomas, alientan las transacciones de este tipo de productos por parte de los propietarios de montes o de los simples recolectores. Como ejemplo detalla las leyes aprobadas en las Islas Baleares, Navarra, Castilla y León o Galicia.
"Se daría la circunstancia absurda de que un restaurante rural podría adquirir setas chinas congeladas, pero no setas frescas con todas las garantías sanitarias, recogidas legalmente en el monte del mismo pueblo", señala el decano en Aragón del Colegio de Ingenieros de Montes. Ignacio Pérez-Soba recuerda que actualmente es una práctica tolerada en ferias y mercados locales y en establecimientos de restauración de Aragón, pero se encuentra en una situación de alegalidad. Si el anteproyecto finalmente se materializa con esa redacción, añade, pasaría a ser una ilegalidad, con efectos negativos tanto para los productores (que ven negado su derecho a una actividad económica) como para los consumidores, por lo que pide al Gobierno de Aragón que reflexione sobre el articulado.
En su artículo 4, referido al ámbito de aplicación de la normativa, excluye la comercialización, a través del sistema de venta directa, de la caza y la pesca, los animales vivos (excepto los caracoles), la leche cruda a granel o los productos silvestres recolectados en el medio natural. Según Pérez-Soba, esto va contra los principios del plan nacional aprobado en 2014 en la conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que estuvo presente el entonces consejero aragonés, para la activación socioeconómica del sector forestal, que incluía como medidas concretas el fomento del aprovechamiento y la movilización de los productos forestales y de los sectores económicos asociados.
Transacciones sostenibles
Los alegantes sí comparten los objetivos de la ley, que pretende promover la disminución de los costes económicos, energéticos y medioambientales de los procesos de traslado, intermediación y venta de productos agroalimentarios; el aumento del valor añadido de dichos productos y la diversificación de las fuentes de ingresos de los productores; así como contribuir al sostenimiento de la actividad económica y de la población del medio rural.
Sin embargo, la exclusión de los alimentos silvestres resulta "incomprensible", a juicio de los ingenieros de montes, hasta el punto de que creen que puede deberse a "una copia indebida de otra normativa". Bien regulada, dicen, "no causa problema alguno ni de consumo ni de salud" y además sectores como las setas o las trufas tienen un gran potencial de crecimiento. En el caso de la carne de caza, uno de los requisitos sería un análisis de detección de triquina para especies como el jabalí y el cumplimiento de las condiciones de producción, almacenamiento y comercialización vigentes para el comercio al por menor.
"Si alguien quiere hacer conservas de setas, solo podría destinarlas a su consumo, no a la comercialización. Cualquier productor tendría que contar con un intermediario o crear su propia industria, pero no vender ni al consumidor directo ni a una tienda o un restaurante del pueblo. Se da la paradoja de que un recolector de setas no las puede llevar al restaurante de su pueblo pero sí a un mayorista, que las congelaría y las distribuiría a ese negocio de hostelería", aclara Pérez-Soba. Y es que el escrito presentado ayer (último día para el trámite de alegaciones) propone también que "la venta directa de los productos alimentarios agrícolas, ganaderos y forestales pueda hacerse no solo al consumidor final, sino también a establecimientos de venta al por menor, incluyendo los negocios de restauración".
Las alegaciones presentadas por la comarca del Sobrarbe van en el mismo sentido. También piden cambiar la consideración de consumidor final "para no excluir al restaurante o a la tienda del pueblo". "Se están vendiendo setas en puestos o en mercados con una autorización municipal, pero la nueva normativa no ampararía esta venta de proximidad", señalaron desde la comarca. Según la institución, los productos silvestres, tanto de origen vegetal como animal, son "recursos muy importantes" para las zonas rurales.