El Gobierno de Aragón pretende abolir la caza con animales considerados “potencialmente peligrosos”. Tal y como se recoge en el artículo 20 del proyecto del Plan General de Caza 2016-2017 desarrollado por elDepartamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, se prohibe la realización de batidas, ganchos, resaques y cualquier otra modalidad con perros de las razas pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire bull, rottweiler, fila brasileiro, tosa inu, akita inu y dogo argentino”, publica elheraldo.es.
Asimismo, queda restringida la utilización de ejemplares caracterizados por su “fuerte musculatura, aspecto poderoso, configuración atlética, agilidad, resistencia o marcado carácter” o tengan “pelo corto, perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, peso superior a 20 kilogramos, cabeza voluminosa, mandíbula grande, cuello ancho, pecho macizo, costillas arqueadas o extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas”.
El texto completo se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el pasado 21 de marzo, abriéndose un activo periodo -30 días naturales- dealegaciones o sugerencias que está a punto de finalizar. Según ha podido saber este periódico, miles de escritos han sido dirigidos a la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, con intención de que se modifique la redacción de esos dos controvertidos puntos.
El primero, tal y como explica Fernando Tello, presidente de la Federación Aragonesa de Caza, solo afecta directamente al dogo argentino, puesto que, entre las mencionadas, es la “única raza” que se usa en la actividad cinegética. Concretamente, para la caza mayor: en batidas de jabalíes. “Jamás ha dado problemas y es un grave error confundir las prácticas salvajes (peleas programadas) que tienen lugar en ocasiones puntuales con su útil función en el mundo de la caza”, señala, y subraya que su prohibición es “totalmente innecesaria”.
Por ello, entiende que los “cientos de ejemplares” que se utilizan en la Comunidad deberían ser “excluídos” del catálogo de perros “potencialmente peligrosos”. También la “multitud de razas tradicionalmente empleadas para la caza” que, atendiendo a las limitaciones del segundo anexo, quedarían prohibidas.
“La definición de las características de este tipo de animales son coincidentes con las de la mayoría de los perros empleados en la práctica de la caza -eminentemente no peligrosos- como los de raza pointer, sabuesos de pelo corto, podencos de pelo corto y otros muchos”, indica, y añade que “ello puede inducir a la confusión de los agentes de la autoridad, hasta el punto de que, si se aplica este apartado de forma estricta, se podría llegar a imposibilitar la práctica de la caza en batida y el control de especies como el jabalí de una forma adecuada”.
Por último, Tello remarca que la Ley de Caza estatal “diferencia claramente los perros potencialmente peligrosos que se dedican a la caza de los que se usan para actividades ilícitas”.
La Federación Aragonesa de Caza fue una de las primeras entidades que presentó alegaciones al proyecto. Otras como la Asociación de Rehalas Regionales Españolas (Arrecal) también se han puesto en contacto con el Gobierno autonómico para expresar su contrariedad.
“La preocupación es máxima porque, si no se nos permite cazar con esos perros, quedarán en desuso. En el caso del Dogo argentino considero quepagamos justos por pecadores, ya que los cazadores cumplimos con todos los requisitos legales. Los inscribimos en el registro y les damos el trato y cariño que merecen”, advierte Ángel Nuño, vicepresidente de Arrecal, y lamenta que los políticos quieran contentar a los ecologistas a “cualquier precio”.
Desde la DGA, indican que “las alegaciones recibidas hasta el momento inciden sobre todo en que las características raciales incluidas en el segundo anexo podrían provocar una cierta inseguridad jurídica cuando se trata de perros de razas no potencialmente peligrosas que se utilizan habitualmente para la caza” y reconocen que los propios agentes de seguridad solicitaron “mayor concreción” en este punto en el Consejo de Caza de Aragón celebrado el 9 de febrero.
Pasado el 20 de abril -fecha en que concluye el periodo de alegaciones- propondrán “una posible modificación que evite incertidumbres a la hora de llevar a cabo la aplicación de la norma”.